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2018-01-02

Indemnizaciones para afectados por hipoteca antes a marzo 2013



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Una sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a todos los clientes que vieron como su banco ejecutó su hipoteca, con anterioridad al 14 de marzo de 2013, a reclamar daños y perjuicios al banco, sin en sus hipotecas había cláusulas abusivas.

La sentencia, que es de fecha 27 de septiembre de 2017, confirma la posibilidad de reclamar una indemnización porque, en esa fecha anterior al 2013, la normativa española no preveía ningún mecanismo de defensa, para el cliente, contra esas cláusulas abusivas.

Por dicha razón, los clientes afectados vieron como eran ejecutados y perdían sus casas cuando sus hipotecas tenían cláusulas abusivas como cláusula suelo, vencimiento anticipado o intereses de demora abusivos.

En caso de haber sido ejecutados con posterioridad a marzo de 2013, podrían haberse opuesto, pero la normativa española, en esa fecha, lo impedía

En conclusión, la sentencia considera que un cliente puede interponer una demanda por daños y perjuicios contra el banco, alegando la existencia de dichas cláusulas abusivas como base para la ejecución de su hipoteca, ya que no existe cosa juzgada por el proceso hipotecario porque el cliente no podía, en esa fecha anterior a marzo de 2013, alegar nada-

DEVOLUCIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA COBRADOS INDEBIDAMENTE AL CLIENTE

En concreto, en el caso de esta sentencia, un cliente, que había perdido su vivienda en una ejecución hipotecaria de 2008, interpuso una demanda contra el banco para que se declarasen nulas la siguientes cláusulas que tenia la hipoteca: gastos, intereses moratorios, vencimiento anticipado por un solo incumplimiento y el pacto de liquidez que permitía la determinación unilateral por parte del prestamista de la cantidad exigible.

La abusividad de estas cláusulas no pudieron ser alegadas por el cliente en el año 2008 porque la normativa española no lo permitía.

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La sentencia de primera instancia, dio la razón al cliente y condenó al banco a devolverle mas de 11.000 euros por el cobro de intereses de demora ilegales en el proceso de ejecución.

La financiera afectada ( Celeris) recurrió y la Audiencia Provincial le dió la razón. Sin embargo, el cliente planteó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que le fue estimado.

IMPOSIBILIDAD DE DEFENSA ALGUNA PARA EL CLIENTE ANTERIOR A 2013

El Tribunal Supremo analiza toda la normativa vigente en la fecha de ejecución de la hipoteca ( 2008) y concluye que, hasta el 14 de marzo de 2013, la normativa española no preveía ni dada ninguna posibilidad al cliente de alegar la existencia de cláusulas abusivas en un proceso de ejecución hipotecaria.

Esto impedía que estas cláusulas abusivas, aunque existieran, se tuviesen en cuenta para reducir la deuda o limitar la ejecución por el banco.

En concreto, señala que el articulo 695 de la ley de enjuiciamiento civil ( LEC) recogía un listado cerrado de motivos de oposición de los clientes en un proceso de ejecución hipotecaria, que no permitía la alegación de la abusividad de alguna o algunas de las cláusulas del contrato, cuya aplicación hubiera sido determinante para el despacho de la ejecución. 

En consecuencia, no podía obtenerse la suspensión de la ejecución aunque en el contrato se hubieran incluido cláusulas abusivas, en los términos de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ni en la legislación española sobre protección de los consumidores.

Por lo tanto, al cliente no le quedaba mas remedio, para alegar la existencia de cláusulas abusivas, que interponer otra demanda distinta contra el banco, pero con la particularidad que esa demanda no tenia la virtualidad de suspender el proceso de ejecución.

FECHA CLAVE: 14 DE MARZO DE 2013

Estas insuficiencias del sistema de ejecución hipotecaria español, en la medida en que no contemplaba un control de oficio de las cláusulas abusivas, y ni siquiera facilitaba a los ejecutados un cauce procedimental para denunciar la abusividad de las cláusulas que hubieran servido de fundamento a la ejecución, fueron puestas de manifiesto por la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz), lo que motivó la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo ( LEY ANTIDESAHUCIOS). 

Esta ley, entre otras materias, introdujo el control de oficio en el ámbito de la ejecución judicial y la posibilidad de que el ejecutado denunciase las cláusulas abusivas en el incidente de oposición a la ejecución hipotecaria. 

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Por otro lado, aunque es conocida la obligación del juez de examinar, de oficio, la abusividad de las cláusulas en contratos celebrados con consumidores y usuarios ( Sentencias del TJUE dede 27 de junio de 2000 (caso Océano vs. Murciano Quintero) de 21 de noviembre de 2002, C-473/00 (caso Cofidis); 4 de octubre de 2007, C-429/2005 (caso Rampion); 4 de junio de 2009, C-243/2008 (caso Pannon GSM); 6 de octubre de 2009, C-40/2008 (caso Asturcom); 21 de febrero de 2013, C- 472/2011 (caso Banif); 14 de marzo de 2013, C-415/2011 (caso Aziz); 3 de octubre de 2013, C-32/2012 (caso Duarte); 17 de julio de 2014, C-169/2014 (caso Sánchez Morcillo); 21 de enero de 2015, C-482/2013 (caso Hidalgo Rueda); y 29 de octubre de 2015, C-8/2014 (caso Peñalva López), no es sino hasta la sentencia de 4 de junio de 2009 del TJUE (C-168/15 (caso Tomá), cuando se dejó clara dicha obligación por el juez.

Sin embargo, resultaría paradójico que una medida destinada a la protección del consumidor, como es el control de oficio de la abusividad contractual, pudiera acabar perjudicándole si no se ejerce por el tribunal.

Por todo ello, se considera que no es hasta el 14 de marzo de 2013, con el dictado de la sentencia del TJUE del caso Aziz, cuando quedaron de manifiesto las insuficiencias del sistema de ejecución hipotecaria español, en la medida en que no contemplaba un control de oficio de las cláusulas abusivas, y ni siquiera los ejecutados disponían de un cauce procedimental para denunciar esta abusividad. 

De manera que, aunque en un juicio declarativo posterior se declarase la abusividad de una cláusula que hubiera fundamentado la ejecución, el consumidor podría haber perdido ya su vivienda, puesto que el procedimiento de ejecución no se suspendía por la iniciación del juicio declarativo; con lo que, en la práctica, si el adquirente del bien subastado era un tercero, únicamente podría obtener una indemnización por daños y perjuicios.

CONCLUSIÓN: TODOS LOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD A 14 DE MARZO DE 2013 PUEDE DEMANDAR POR DAÑOS Y PERJUICIOS AL BANCO

La consecuencia de esta sentencia no es otra que los afectados por ejecuciones hipotecarias, con anterioridad al 14 de marzo de 2013, pueden plantear demandas contra los bancos, que se quedaron con sus viviendas, para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios ya que ejecutaron en base a unas cláusulas abusivas existencias en sus hipotecas, sin que el sistema procesal español les permitiera, en esa época, hacer nada para impedirlo.

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