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2018-05-07

Responsabilidad de Administradores por Deudas Sociedad



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El mero conocimiento de la situación de crisis económica o de insolvencia de la sociedad por parte del acreedor, en el momento de generarse su crédito, no le priva de legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad  contra los administradores.

Así lo ha venido estableciendo nuestro Tribunal Supremo en distintas sentencias judiciales como la de 4 de diciembre de 2013 y la última de 11 de Abril de 2018.

Son muchos los casos en que tenemos un crédito contra una sociedad deudora, y esta desaparece de la vida comercial, con apariencia de insolvencia, y no podemos cobrar el crédito.

La derivación de responsabilidad a los administradores sociales, por esa deuda, es una manera de intentar cobrar la misma ya que, muchas de estas entidades, están en causa legal de disolución y los administradores han incumplido su deber legal de disolverlas en plazo.

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD

La base de la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales, viene dada por lo establecido en el  Artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital ( LSC) que  señala que “ Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución”.

Esto supone que, si una sociedad está situada en causa legal de disolución, si los administradores no proceden a iniciar los trámites de disolución o presentan concurso de acreedores, de las deudas generadas, con posterioridad a la causa de disolución, serán responsables con carácter solidario.

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Recordemos que el Art. 363 LSC establece, entre otras, como causa legal de disolución social, la existencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

EXCEPCIONES: CONSECUENCIAS DEL CONOCIMIENTO DEL ACREEDOR DE LA SITUACION DE INSOLVENCIA DE LA EMPRESA

Es cierto que, en alguna ocasión, el Tribunal Supremo había considerado que no procedía la responsabilidad de los administradores, por las deudas sociales, si el acreedor tenia conocimiento de la situación de insolvencia del deudor al tiempo de contratar y de surgir el crédito, sobre todo por la reforma operada por la Ley 19/2005, que redujo la responsabilidad a las deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución.

Sin embargo, los casos en los que se había apreciado esa falta de responsabilidad eran casos muy concretos como que el acreedor que ejercitaba la acción es un socio dominante o relevante de la sociedad deudora, lo cual puede llegar a entenderse que es una acto contrario a las exigencias de la buena fe.

Por eso, no se puede hablar de una norma general, sino de casos muy especiales y con circunstancias significativas: La norma general no es otra que si los acreedores no están, al prestar sus créditos a la sociedad, en unas condiciones de conocimiento y control de dicha entidad que pusieran en evidencia que asumían el riesgo de insolvencia de la sociedad deudora, de tal forma que ejercitar después la acción de responsabilidad contra los administradores vulneraría las exigencias de la buena fe, no se puede privar a los mismos de legitimación.

Por todo ello, para apreciar esta falta de buena fe, es necesario que el acreedor, no solo conociera la situación de insolvencia de la sociedad, sino sobre todo, que gozase de una situación de de control de la sociedad deudora que ponía en evidencia el riesgo que asumía de la insolvencia de esta. 

CONCLUSIÓN: RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

Podríamos establecer tres conclusiones:

a) Los administradores son responsables de las deudas sociales, generadas con posterioridad a la existencia de causa legal de disolución de la sociedad, si no disuelven la misma, amplían capital o presentan concurso de acreedores.

b) Solo no se podría dar responsabilidad si el acreedor tenía, al tiempo de contratar, conocimiento de la situación de insolvencia de la sociedad y, además, tenía una situación de de control sobre la misma que ponía en evidencia el riesgo que asumía de la insolvencia de esta. 

c) Para que se declare la responsabilidad por las deudas sociales, hay que interponer una demanda judicial con abogado.

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